“LA CONCEJALÍA DE URBANISMO HA ENVIADO A LA FISCALÍA LAS OBRAS DE PEJOMAR EN LOS FRONTONES”

En febrero de 2008, se solicitó un informe sobre las obras que se estaban desarrollando en el lugar conocido como Los Frontones por parte de la empresa Pejomar. Dichas obras consisten en la construcción de dos edificios destinados a viviendas y obras de urbanización, sin contar con la preceptiva licencia municipal. Tras las oportunas comprobaciones, las obras fueron precintadas el 3 de marzo del presente año. A pesar de ello, se continúo con las obras de urbanización y edificación, por lo que realizó una nueva comprobación por parte de los técnicos municipales. Constatados los hechos, por parte de este concejal se ordena precintar de nuevo las obras, llevándose a cabo dicho precinto el 24 de marzo.

El 5 de mayo, el técnico municipal de disciplina urbanística informa que se ha quebrantado el precinto, por segunda vez, y que se continúa con las obras, por lo que se envía el expediente a la Fiscalía por entenderse que los hechos pueden exigir presuntas responsabilidades penales. Entendemos que un segundo quebrantamiento del precinto es un hecho lo suficientemente grave y que constituye un desacato a la autoridad municipal en materia de disciplina urbanística.

La problemática de esta urbanización radica en que se encuentra colindante en su extremo norte con la futura vía de circunvalación y el informe de carreteras es negativo, dado que una de las edificaciones está dentro del ámbito de protección de la vía.

El motivo de actuar en el sentido, de poner los hechos en conocimiento de la fiscalía, es que se ha vulnerado la autoridad municipal en dos ocasiones, continuándose con una obras que aunque puedan se legalizables, hoy se no se podrían continuar desarrollando. La empresa promotora ha presentado una propuesta técnica de construcción de un túnel que solucionaría el problema, mediante la realización de un falso túnel, cuyo coste asciende a 1.300.000 €. Este importante incremento de la infraestructura pública no lo debe asumir ni la Consejería de Obras Públicas, ni el propio Ayuntamiento, debe ser en todo caso la empresa promotora, y siempre que los intereses generales que conlleva esta importante vía no resultan perjudicados. Por tanto, si la ejecución del túnel fuese viable técnicamente, deberá ser Pejomar quien asuma los costes.

Desde el Ayuntamiento, vamos a velar por que la ejecución de la vía de ronda quede asegurada y que se realice con las debidas garantías se seguridad, ya que nos encontramos con una obra de muchísimo interés para el municipio.

Hasta que esta cuestión no se aclare, la empresa promotora no puede ver aprobado su proyecto de urbanización ni concedérsele licencia, por lo que se demuestra la gravedad de que se quebranten en dos ocasiones los precintos.

Una cosa es que entendamos la problemática actual que afecta al sector de la construcción y que estemos agilizando al máximo todo lo referente a la concesión de licencias, y otra bien distinta es que se actúe al margen de la legalidad. Porque no sólo hay que velar por los derechos de aquel que ejecuta las viviendas, sino por el que las compra y tiene derecho a exigir que se cumpla con la legalidad de la vivienda que adquiere y en la cual pone muchas ilusiones.

Desde la Concejalía de Ordenación del Territorio, se están poniendo todos los medios para estudiar las diferentes soluciones, al margen de las medidas disciplinarias que procedan, y se dará cuenta de todo el proceso en la próxima Comisión de Ordenación del Territorio a todos los grupos políticos.