HOMOLOGACIÓN, ALGO MÁS QUE UNA PALABRA

Todo el mundo debe entender, incluidos los docentes, que la HOMOLOGACIÓN es algo más que una palabra, que no sólo es una cuestión a la que renunciar a cambio de un dinero.

Es un derecho adquirido tras muchas jornadas de huelga y reconocido mediante una ley en 1991.
Esa ley establecía que los profesores no universitarios debían cobrar como el funcionario de Canarias que menos cobrase.

Fíjense si fueron moderados los profesores que podían haber exigido percibir salarios como la media de los funcionarios, en vez de conformarse con lo que menos cobraban.

Y eso es exactamente lo que continuamos pidiendo.

Y lo pedimos, porque una vez conseguido este derecho, a partir de 1995, el mismo gobierno que había aprobado esta ley, creo el problema al incumplirla y comenzar a deshomologarnos.

Entonces, el profesorado, en contra de su mala fama, dio nuevamente muestras de su moderación, seguramente demasiada, al aguantar este incumplimiento durante 12 años sin apenas reclamarlo.

Aún así, hemos mantenido la calma a la hora de reclamarlo, pues hemos perdido bastantes menos horas de clases en huelgas llevadas a cabo durante los dos años que dura la petición que horas de clase ha perdido este gobierno por no cubrir las bajas laborales o por no nombrar docentes en su tiempo y forma.

Además de todo esto, hemos soportado a un gobierno que se ha negado sistemáticamente a negociar de forma real para solucionar el conflicto demostrando su escaso, por no decir nulo, interés por resolverlo.

Hemos aguantado dos años, y no duden, aguantaremos los que hagan falta, más que los que podrá hacerlo este triste, incapaz y lesivo gobierno para los intereses de todos los canarios, que sólo será recodado como el peor.

Lo único que nos ofreció conjuntamente con unos cuantos sindicatos lo que masivamente el profesorado desautorizó: un preacuerdo totalmente inaceptable.

En ese instante, el profesorado mostró toda su dignidad y demostró entender perfectamente el concepto de HOMOLOGACIÓN. Cuando lo fácil hubiera sido poner la mano y coger unos euros, los docentes pronunciaron un NO rotundo.

Y lo hicieron porque no querían presentarse ante la sociedad como los únicos responsables del fracaso social, exculpando de paso al Gobierno de Canarias y sus lustros de desacertadas políticas educativas y sociales.

También, porque no querían actuar como cómplices de un gobierno que ha ido descapitalizando progresivamente a la enseñanza pública, pasando de destinarle un 31.8% de su presupuesto al 25% actual, agravándolo al aumentar las partidas asignadas a la enseñanza privada en detrimento de la pública.

Y todo esto, rematándolo al invertir únicamente un 4% del Producto Interior Bruto de Canarias, superado hasta por países del tercer mundo y muy lejos de los países europeos.

Igualmente rechazó este lamentable preacuerdo porque suponía transformar su marco laboral en tiempo y forma, asumiendo tareas que no le correspondían, y sumándolas a las múltiples que ya voluntariamente llevaba a cabo y que nadie le reconocía, a la par que se le hacía recaer en sus espaldas toda la responsabilidad de las nefastas políticas educativas y sus fracasos. Y, por último, no lo aceptó, por una soberbia y malcriada actitud y actuación de una consejera que le faltó, ha faltado y continúa faltando al respeto al profesorado de manera sistemática cada vez que habla públicamente, dando muestras de su incapacidad personal y política para liderar la educación canaria, incluso viéndolo desde los que serían los intereses del propio gobierno.

Este desprecio se vio incrementado al participar de las descalificaciones el que se supone que es el presidente de todos los canarios, que no dudó en bajar a la arena y embarrarse ampliamente, dando muestras de una torpeza inusual en un responsable gubernamental de esa supuesta categoría.

Por todo ello, los profesores no estamos dispuestos a renunciar a este derecho adquirido de la HOMOLOGACIÓN, ni a ser cómplices de la desaparición de la enseñanza pública canaria dejando este derecho básico y fundamental en manos privadas que hagan de la educación un lujo y un negocio al alcance de unos pocos, tal y como pretende este gobierno canario que huele sangre y negociete hasta en los más básicos de los derechos y servicios.