Urbanismo se posiciona en la no afectación de la servidumbre del litoral. El área de Urbanismo y Planificación que dirige Eva Navarro continúa con el trámite del Plan Especial de Punta Brava, ya finalizado y entregado por Gesplan al Consistorio portuense. El litoral de esta zona está afectado directamente por al Ley de Costas vigente, (Ley 22/1988, de 28 de julio), por lo que es preceptivo, antes de continuar con su tramitación, consensuar con Dirección General de Costas a través de la Demarcación de Tenerife la solución a esta afectación. Para ello, Eva Navarro se reunió hace unos días con el Ingeniero Jefe de la Demarcación de Costas de Tenerife, Carlos Enrique González, y con el redactor del Plan Especial de Punta Brava para analizar las diferentes posibilidades que baraja este planeamiento especial para la zona afectada. Hay que recordar que en la tramitación de todo planeamiento territorial y urbanístico que ordene el litoral es preceptivo un informe de la Dirección General de Costas, que es vinculante, por lo que podría paralizar, retrasar o modificar dicho planeamiento y afectar por tanto a su aprobación definitiva.
La intención de Navarro es trabajar conjuntamente con el fin de que la tramitación sea consensuada con Costas para evitar trabas administrativas. El objetivo del área es que no se afecte a ninguna vivienda de Punta Brava. Para ello es fundamental la negociación que se ha iniciado con este primer encuentro.
En este punto, se plantean varias alternativas. El posicionamiento de la Dirección General continúa siendo firme en cuanto a la aplicación estricta de la vigente Ley de Costas, que afectaría a la “servidumbre de protección”. Según la Disposición 3ª, para el suelo urbano consolidado antes de 1988 se establece una zona de protección de 20 metros desde el litoral, lo que supondría la afectación de la práctica totalidad de Punta Brava, algo a lo que se opone tajantemente el Ayuntamiento.
El Consistorio es de la opinión de que sólo se debería afectar el “dominio de costa”, que está establecido en el límite costero, donde no se afectaría a ninguna vivienda.
Al respecto, Eva Navarro conforma que “Costas se ha mostrado inflexible, por lo que estamos bastante decepcionados en este sentido. Esperamos que los cambios que se están produciendo en el ahora denominado Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y en la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar con la remodelación de la cúpula directiva, así como la pendiente modificación de la Ley de Costas, puedan reconducir la negociación. Confiamos por tanto que en próximas reuniones se puedan establecer líneas de colaboración y diálogo más constructivas”.
“Se ha de respetar la peculiaridad de este barrio portuense, un núcleo consolidado que no se puede categorizar como de “segundas viviendas”. Punta Brava se configuró como núcleo poblacional a partir de la cesión gratuita de solares por parte del Ayuntamiento a partir de los años 50, siendo ya en los años 70 cuando se produce su gran desarrollo, instalándose la luz eléctrica y asfaltándose sus calles. Los vecinos constan además legalmente como propietarios de las edificaciones”, continúa la edil de Urbanismo.
Navarro informa que está dispuesta a elevar la reivindicación de no afectación a las más altas instancias. Añade además que esta demora en el Plan Especial de Punta Brava no “condenará” el desarrollo de la zona, por lo que ya se ha incluido el máximo planeamiento posible dentro del Plan General de Ordenación del municipio.
La concejala es firme al asegurar que el área municipal de Urbanismo no va a permitir que esta situación dificulte el planeamiento y la modernización del barrio marinero, que se va a desarrollar a través de la red de acción del PGO de Puerto de la Cruz, que se espera presentar a Pleno en breve para su aprobación inicial, si es posible, antes de verano.
El litoral de esta zona únicamente quedará pendiente de la negociación del Plan Especial.
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